La planta pesquera Río Salado de la localidad de San Antonio Oeste arrastra un largo historial de conflictos, con malas experiencias para sus trabajadores, los cuales en su mayoría terminaron en la calle sin percibir sus salarios caídos.

Ya en 2023, la empresa acumulaba más de 500 millones de pesos de deuda con la entonces AFIP, y en el medio de la emergencia pesquera de la provincia de Río Negro, sin garantía de abastecimiento de materia prima, la situación se fue agravando hasta que la pesquera entró en cesación de pagos y terminó siendo concursada.

La falta de recursos en el Golfo San Matías comenzó a hacerla inviable en materia productiva; con lo producido no se cubrían los gastos de funcionamiento, lo que generó incumplimientos de obligaciones hasta llegar al estado de ser concursada.

En aquel momento también el STIA ponía condiciones para producir, por ejemplo, se negaban a filetear merluza inferior a 35 centímetros (talla de primera madurez sexual de las hembras) y todo se fue agravando; la planta presentaba elevados niveles de ausentismo y estaba bajo recurrentes presiones del gremio de la alimentación.

Una alternativa que se barajó en ese momento fue mudar hacia un sistema de cooperativas ante la falta de garantía de abastecimiento de materia prima, pero entre trabajar bajo modalidad de cooperativas o no trabajar, el gremio optó por la segunda opción, a pesar de que mayoritariamente los obreros aceptaban ese esquema.

Así las cosas, el año pasado hubo un cese de actividades, la planta cerró, la empresa no cumplió con sus obligaciones salariales ni indemnizó a los trabajadores que tenía en relación de dependencia.

Por su parte, los empleados iniciaron sus reclamos por la vía administrativa y más tarde a través de la justicia laboral; unos 70 obreros iniciaron demandas contra la firma Río Salado, con algunas medidas cautelares, mientras eran asistidos con subsidios del municipio sanantoniense y del Estado rionegrino.

Mientras se desarrollan los plazos concursales, la sindicatura recibió el ofrecimiento de un inversor para el uso y explotación de las instalaciones de la pesquera, que por sus condiciones generales de infraestructura está apta para obtener habilitación sanitaria para la producción pesquera.

Aquí entró en escena nuevamente el STIA, advirtiendo que nadie operará la planta pesquera privada si no es con el consentimiento sindical, y piden que la firma que alquile el predio se haga cargo de los pasivos laborales dejados por la sociedad que está en pleno trámite del concurso de acreedores.

El sindicato de la alimentación adelantó que les solicitará a las autoridades del Gobierno de Río Negro que no se le concedan permisos de pesca, ni se le aprueben proyectos productivos, ni que la Municipalidad de San Antonio Oeste les otorgue las habilitaciones comerciales para su funcionamiento.

Avisan que, si el STIA no los autoriza, nadie podrá usar o explotar las instalaciones donde funcionaba la fábrica pesquera. Tampoco acepan que se trabaje bajo la modalidad de cooperativas.

Vale mencionar que la sindicatura concursal avaló el alquiler de las instalaciones, pero las deudas y acreencias se tramitan por la vía judicial del concurso, y un inquilino no tiene obligación de asumir deudas del arrendatario.

Con todo, a la situación crítica que afronta la pesca rionegrina, que extendió el estado de emergencia por tercer año consecutivo, también se suma la postura sindical que frena la reactivación de este emprendimiento. También es cierto que por San Antonio han pasado empresarios de la pesca que han dejado el tendal, y de ahí, el permanente estado de desconfianza existente.